El Comercio (10.01.2019)

"La quinta reforma", por Javier Alban

Parte de lo que explica el abrumador 85,8% de los votos válidos que alcanzó el Sí a la pregunta del referéndum sobre si debía prohibirse la reelección inmediata de congresistas es, sin duda, esa natural sensación de injusticia e impunidad que brota en muchos de nosotros cuando somos testigos de blindajes injustificables a políticos y funcionarios. 

A estas alturas, por ejemplo, es evidente que investigaciones como las que se siguen contra los congresistas Moisés Mamani y Yesenia Ponce, cuentan ya con suficiente evidencia objetiva como para determinar, cuando menos, que no se iniciaron por ‘razones políticas’ (único supuesto que justificaría no levantarles la inmunidad parlamentaria), sino por sospechas fundadas. Aun así, estos y otros casos llevan meses en espera.

En las últimas décadas, la inmunidad parlamentaria ha servido con frecuencia como un instrumento para asegurar la impunidad. Desde que inició el período legislativo del 2001 hasta que terminó el del 2016, llegaron al Congreso más de 100 solicitudes de levantamiento de inmunidad, pero solo siete fueron declaradas procedentes. Si como ha dicho el Tribunal Constitucional, “en el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad, el Congreso no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador de la ausencia de contenido político en la acusación” (6-2003-AI/TC), ¿por qué fueron tan pocos los casos que pasaron a la justicia común? (…)

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